Marea Editorial y Ediciones Carena presentan un libro que
marcará una época. La pandemia pone al mundo ante una
nueva encrucijada y Baltasar Garzón propone salir de la
crisis iniciando una nueva fase de convivencia internacional
basada en las ideas y valores de la verdadera democracia.
Una sensación de vacío, ansiedad e incertidumbre recorre el
mundo actual. El discurso progresista parece anquilosado y
la derecha apela a la emoción para apropiarse de la
democracia; el neoliberalismo impone la competencia y la
idea de que la desigualdad es un hecho natural; la política es
judicializada por lobbies poderosos que actúan con brutal
impunidad y el ambiente está amenazado por el ecocidio.
Baltazar Garzón, reconocido en el mundo por sus luchas en
favor de las víctimas de genocidios y crímenes de lesa
humanidad, nos estimula a salir de la neutralidad pasiva y
aprovechar la gran oportunidad de revalorizar la vida y dejar
de agredirnos por nuestras diferencias. Para Garzón es el
progresismo el que debe guiar el avance de la sociedad
hacia un futuro de bienestar. Para ello, la clave son los
valores de la democracia, la solidaridad y la justicia social
GARZON BALTASAR
Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, Jaén, España. Estudió en seminarios de Baeza y Jaén, pero abandonó los estudios eclesiásticos y se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Inició su carrera judicial en 1981 en Valverde del Camino Huelva , ascendiendo a magistrado en 1983 y siendo destinado a Almería. En 1988 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción n. 5 de la Audiencia Nacional, donde instruyó casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, destacando las operaciones Nécora y Pitón contra el narcotráfico gallego. En 1993 se presentó como independiente en las listas del PSOE y fue elegido diputado, ocupando el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Regresó a la judicatura en 1994 y continuó con investigaciones de alto perfil, como el caso GAL, el cierre del diario Egin y la orden de detención de Augusto Pinochet en 1998. En 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por prevaricación en el caso Gürtel. Posteriormente, trabajó como asesor del Tribunal Penal Internacional y como abogado defensor de Julian Assange. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la imparcialidad de los juicios en su contra. Ha recibido múltiples distinciones y continúa vinculado a causas de derechos humanos.
